El artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero establece derechos de las víctimas, los cuales deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Estatal, la Ley General y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas:

1. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; 
2. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos;
3. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos;
4. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal;
5. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos;
6. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
7. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima,
8. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; 
9. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;
10. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente; 
11. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
12. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro Estatal y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
13. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
14. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; 
15. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;
16. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;
17. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
18. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
19. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;
20. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;
21. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;
22. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
23. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos;
24. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los recursos del Fondo Estatal;
25. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima;

Asimismo, como derechos complementarios se encuentran los previstos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se pueden encontrar en el siguiente link:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf 

Fuente: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Marco-Normativo/GRO/Ley_VE_Gro.pdf