La Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí establece que son derechos a favor de las víctimas, los establecidos en el título segundo, el cual menciona lo siguiente:

La víctima tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

1. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional, y a su reparación integral;
2. A ser reparada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que ha sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;
3. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;
4. A qué se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
5. A ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;
6. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a qué esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
7. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
8. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo, en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
9. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;
10. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;
11. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;
12. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;
13. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
14. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
15. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
16. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;
17. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;
18. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
19. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;
20. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
21. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
22. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
23. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
24. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
25. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;
26. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;…”.

Entonces, las víctimas tienen una larga lista de derechos, pero lo más importante es que tienen que tener el acceso a la verdad, la justicia y sobre todo, a la reparación del daño.

Asimismo, como derechos complementarios, igual aplicables, se encuentran los previstos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se pueden encontrar en el siguiente link:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf 

Fuente: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACIÓN/2Estatal/SLP/SanLuisPotosi_Ley_Victimas.pdf